Unos 600 vecinos de los núcleos rurales de Vejer de la Frontera y Barbate, en Cádiz, forzaron ayer el retraso en la operación de derribo de una vivienda ilegal construida en la zona del litoral sobre la que pesa un expediente de demolición de la Junta de Andalucía y una orden judicial que avala esta medida. A pesar de que la Delegación de Medio Ambiente trasladó a primera hora de la mañana una excavadora pesada con la que actuar, los vecinos se mantuvieron apostados toda la jornada en el camino de acceso a la vivienda para impedir el paso de vehículo. Una amplia representación de la policía se mantuvo en la zona todo el día, aunque su intervención no fue necesaria. Hacia las 21.00, tras 11 horas de espera, las partes mantenían sus posiciones. La Junta prevé derribar la vivienda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de mayo de 2001