Después de las palabras pronunciadas por el Rey, en la entrega del Premio Cervantes a Francisco Umbral, negando la existencia de ninguna imposición del castellano, tendría que revisar -urgentemente- la Constitución y redactar nuevamente el artículo 3. Así, donde dice que 'el castellano es la lengua oficial del Estado...' y que 'todos los españoles tienen el deber de conocerla...' debería decir: 'Las naciones y pueblos que no tengan como propia la lengua castellana, decidirán (libremente) conocerla y usarla. A ningún ciudadano o ciudadana se le podrá obligar a hablar en castellano'. La propuesta (obviamente) será iniciativa del gobierno del Estado, es decir de los mismos que le escribieron el discurso al Rey e, inmediatamente, se apresuraron a defenderlo -el discurso, que el Rey no les preocupa en absoluto- sin ningún rubor.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de mayo de 2001