Los colegios oficiales de gestores, graduados sociales y economistas de la provincia de Alicante dieron ayer marcha atrás a su negativa de recomendar a sus colegiados la aplicación de una tarifa social de referencia en la tramitación de la documentación a los sin papeles, según confirmó ayer el director técnico de Alicante-Acoge, Carlos Gómez. Dos días después de una reunión celebrada con las organizaciones sociales y sindicales de la provincia en la que los colegios profesionales eludieron este compromiso, 'han modificado su postura'.
Una respuesta que no ha sido suscrita por el Colegio de Abogados de Alicante. El decano de este órgano, Mariano Caballero, manifestó ayer que 'no tiene competencia para fijar ningún tipo de tarifa' ya que, añadió, 'constituiría una práctica restrictiva de la competencia'. No obstante, añadió: 'Los profesionales tienen sentido de la responsabilidad y fijarán los honorarios atendiendo la precaria situación económica de este colectivo'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de mayo de 2001