El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, afirmó ayer en Manresa que España va a seguir con las expulsiones de inmigrantes indocumentados en 'estricto cumpliento de la ley' y 'con todas las garantías judicales para estas personas', informa Enric Badia. 'La Ley de Extranjería prevé como sanción administrativa la expulsión', explicó, 'y por tanto vamos a seguir cumpliendo la ley'.
Un día después de la deportación desde Málaga de los 37 nigerianos que llevaban cerca de ocho meses en un centro de internamiento de Ceuta, Fernández-Miranda explicó que se está 'avanzando en la elaboración de un convenio' con Nigeria, con cuyo Gobierno habrá una reunión el mes próximo, para 'facilitar los trámites administrativos' en los casos de expulsión. El hecho de que la deportación de estos 37 nigerianos se haya llevado a cabo sin que existiese tal convenio, que garantizaría la seguridad de los inmigrantes una vez en su país, ha desatado las críticas de partidos políticos y organizaciones sociales.
Consuelo Rumí, secretaria de políticas sociales del PSOE, ha acusado al Gobierno de 'carecer de criterio y actuar con precipitación' en la expulsión, una sanción que, según Rumí, 'afecta a los derechos fundamentales y que, sin embargo, el Gobierno ejecuta con nocturnidad, sembrando dudas sobre si se han respetado sus derechos'. Desde IU, Susana López, responsable de Inmigración, destacó que 'la no existencia de un convenio con Nigeria que garantice el trato que estos inmigrantes van a recibir al llegar a su país, nos escandaliza'. Y añadió: 'No estamos de acuerdo con este tráfico de personas, ya sea por parte de las mafias o del Gobierno, que deciden sobre ellos'.
Paloma López, secretaria de política social de CC OO, criticó el adelanto al martes de la repatriación, que estaba prevista para ayer, y la 'forma en que se ha llevado a cabo, que sugiere algún tipo de razón oscura'. Además, para López, al hecho grave de que no exista convenio con Nigeria se une el que 'para este experimento se haya elegido a un grupo que habían estado en un centro de integración y que, por tanto, estaba siendo preparado para quedarse y no para irse'.
Las ONG también se manifestaron en contra. Desde SOS Racismo se ha acusado al Gobierno de 'castigar con la expulsión a quienes las leyes han forzado a entrar de forma clandestina'. Para esta ONG se está expulsando a 'personas que hace tiempo que están en nuestro país, formadas por el Estado e incorporables al mercado laboral'. La Asociación Pro Derechos Humanos destacó la excesiva presencia de policías (84), lo que, según ellos, estimula el pensamiento de que los nigerianos repatriados eran 'personas peligrosas'.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de mayo de 2001