El alcalde de Castril (Granada), Joaquín Fernández Romero, considera 'justo' pagar con fondos municipales los gastos derivados de su defensa en los numerosos pleitos planteados contra su controvertida gestión. Fernández, en un comunicado, sostiene que el PP y un concejal independiente presentan denuncias en contra suya 'por cualquier actuación, sea de la índole que sea'. El alcalde, que fue expulsado del PSOE junto con el resto del grupo municipal socialista, niega que el Ayuntamiento haya pagado ocho millones a sus abogados.
'No es cierto que ninguna persona [en referencia a uno de sus defensores] disponga de chófer con cargo a las arcas municipales, con independencia de que en determinadas circunstancias y por causas de fuerza mayor se haya podido desplazar a un particular en el vehículo del Ayuntamiento', puntualiza el alcalde.
Joaquín Fernández Romero considera 'inmoral' las acusaciones del PP relativas al supuesto respaldado que su discutida gestión -como la descatalogación del pueblo como bien de interés histórico- ha recibido del Servicio de Asistencia a los Municipios de la Diputación, que dirige un antiguo secretario del Ayuntamiento de Castril.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de mayo de 2001