El Ministerio francés de Agricultura se negó a aceptar que el mal de las vacas locas pudiera transmitirse al ser humano, y en el desarrollo posterior de la crisis impuso siempre sus criterios sobre los del departamento de Sanidad. Ésta es la conclusión esencial de las casi 400 páginas publicadas ayer por la comisión de investigación constituida en el Senado sobre la crisis alimentaria de la encefalopatía espongiforme que estalló en otoño.
La imputación parlamentaria tiene que ver con el gran peso que el Ministerio de Agricultura posee en un país dotado de un potente sector agrario, más que con un Gobierno en concreto. Cuatro ministros se han sucedido en ese departamento durante el periodo considerado por la comisión (1994-2000), dos de ellos de derechas y otros dos de izquierdas. El informe denuncia un sistema de funcionamiento estatal en el que la colusión entre el Ministerio de Agricultura y los intereses del sector han gozado siempre de influencia suficiente para 'impedir o retrasar la publicación de medidas de precaución', con el argumento de que carecían de fundamento científico. El productivismo agrícola y la presión de los sindicatos agrarios ha podido así imponerse a las consideraciones de protección de la salud.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de mayo de 2001