Aparte de esos seis planes limitados a pequeñas áreas funcionales, la consejería ha abordado otros dos trabajos más amplios. El más avanzado de todos los proyectos es el Plan de Acción Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova). Actualmente se encuentra en fase de exposición pública, que termina el próximo 30 de septiembre, y pretende dar solución a lo graves daños que provocan las inundaciones cuando el cielo se irrita. Este plan, según explicó el consejero en las Cortes, articula hasta 153 intervenciones de carácter estructural que suponen 'un coste de 145.533 millones de pesetas', de los que casi el 50% corre a cargo de las cuentas de la Generalitat. Del resto, gran parte será a cuenta del Gobierno, pero también hay obra a sufragar por las diputaciones y los municipios afectados. Según García Antón, el plan se habrá culminado en un plazo de 10 años.
Las avenidas amenazan al 5% del territorio y al 10% de los valencianos. Y son especialmente graves en 19 municipios valencianos, para los que el Patricova será especialmente diligente a la hora de acometer las obras. Aparte de la obra dura, lo más importante del plan es que impide una práctica hasta ahora harto frecuente en la Comunidad, la ocupación de cauces públicos y de suelos inundables por infraestructuras, zonas inundables y hasta por decenas de urbanizaciones.
Así, obliga a reclasificar como no urbanizable de especial protección las zonas de mayor riesgo. No establece, por el contrario, el desalojo de los suelos inundables ya ocupados, ya que 'no se puede proceder a traslados masivos de población ni empezar a destruir las edificaciones existentes'. Incluso en los municipios que no puedan crecer en zonas seguras se arbitrarán medidas especiales para permitir su crecimiento.
Pero quizá uno de los estudios más interesantes es el de la definición de los Modelos Territoriales Sostenibles en el Litoral de la Comunidad Valenciana, proyecto contratado en noviembre de 2000 y que estará listo en otoño próximo. Elaborado en relación a un proyecto trasnacional con otras regiones europeas con similares problemas este plan cuenta con financiación del programa Interreg II-C de la Unión Europea.
La presión urbanística, la escasez de recursos hídricos, la concentración de suelos de alto riesgo de inundación, la inestabilidad de la línea de costa, la acusada estacionalidad en los asentamientos litorales, la baja funcionalidad de determinadas infraestructuras o la densificación excesiva de la franja litoral son las premisas desde las que parte el estudio. El proyecto pretende buscar unas líneas directrices para una zona altamente productiva pero severamente castigada por la actividad humana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de mayo de 2001