España y Bruselas se enfrentan por las ayudas para la reconversión de la flota pesquera

En Niza, los jefes de Estado o de Gobierno de los Quince países miembros acordaron que, si no había nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, la Comisión tendría que proponer 'un programa de acción específico para la reestructuración de la flota comunitaria que ejerció sus actividades de pesca en el marco del antiguo acuerdo', con la condición de no modificar el marco presupuestario establecido hasta 2006.

Este compromiso se logró a iniciativa del Gobierno español que, a cambio, tuvo que ceder en la aprobación de las reglas comunes sobre la sociedad europea, un proyecto bloqueado por España desde finales de los años ochenta.

Con semejante declaración en Niza, el Gobierno de Aznar creyó asegurarse que, sin acuerdo para faenar en los caladeros de Marruecos, la flota pesquera española contaría con suficientes ayudas europeas como para emprender sin problemas sociales la reconversión de la flota. Bajo este principio, el Ministerio español de Pesca presentó el pasado viernes a la Comisión Europea su plan económico y social para minimizar o anular los efectos de esa reestructuración. Para el ministerio serán necesarios, como contempla el plan, 540 millones de euros (90.000 millones de pesetas).

El argumento español es contundente. 'Hay dos maneras de leer una declaración. La nuestra es que, cuando se habla de flota afectada, se habla de colectivo: los buques son el eje principal, pero hay que trabajar sobre todos los elementos', explica un experto español. Es decir, que debe tenerse en cuenta también la creación de acti-vidades laborales alternativas, las consecuencias sociales y de empleo o las repercusiones en otros sectores ligados a la pesca.

La Comisión Europea, por el contrario, asegura que esa interpretación no es la acertada. 'Eso no está incluido en la declaración', asegura una fuente comunitaria.

Interpretación pintoresca

El Ejecutivo comunitario se limita a recordar que el texto pactado en Niza habla exclusivamente de 'reestructuración de la flota', y de nada más, por lo que no puede garantizar a España ayudas sociales y regionales adicionales. Para Madrid, tal interpretación es 'pintoresca' y acabaría 'dinamitando' el pacto de Niza. '¡Que dejen de hacer interpretaciones y se pongan a negociar!', reclaman en el departamento español de Pesca.

Tales discrepancias se han traducido, obviamente, en enor- mes diferencias sobre cuál debe ser la cantidad del presupuesto comunitario que se destinará al problema pesquero español. Para Madrid, son los citados 540 millones de euros, de los que 240 ya están previstos para la operación. Los otros 300, siempre según el plan oficial español, procederían del ahorro que ha supuesto a la Unión Europea el fracaso de la negociación pesquera con Marruecos.

Para Bruselas, el planteamiento es radicalmente distinto y la comisaria de Presupuestos, Michaele Schreyer, ya ha dicho que las cantidades que demandan los españoles son 'excesivas'. Algunos técnicos de la Comisión aventuran que, 'como mucho, se podrá dar 50 millones adicionales' a los que España percibirá del presupuesto de la UE a través de los fondos estructurales. Es decir, que el Ejecutivo comunitario cree que el problema se resolvería sólo con una ayuda por un total de 290 millones de euros y que, si al Gobierno español no le bastan, lo que debe hacer es trasvasar otros fondos europeos que ya recibe hacia ese sector. O sea, la diferencia de interpretación estriba ni más ni menos que en 250 millones de euros (41.600 millones de pesetas).

Junto a las pretensiones financieras, el plan presentado por España en Bruselas contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos con terceros países, ya negociados, y otros acuerdos con Senegal y Mauritania.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de mayo de 2001