El portavoz de IU en el Parlamento Andaluz, Antonio Romero, se felicitó ayer por el hecho de que la Junta haya recurrido por la vía penal las licencias de obras concedidas por el equipo de gobierno del GIL en Marbella, y se mostró contrario a que el gobierno autonómico reanude el diálogo con el alcalde, Jesús Gil. 'No se puede negociar si Gil no asume la legalidad', subrayó.
Romero acudió ayer junto con el diputado José Luis Centella y la coordinadora de IU en Marbella, Carmen Martín Vilches, a una entrevista con el fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, para que éste les informase de los asuntos relativos al urbanismo de Marbella que actualmente investiga la Fiscalía.
El portavoz de IU destacó tres asuntos cuya investigación ya ha concluido y que están pendientes de juicio; los referidos a las licencias de obras para las empresas Moansa, Yeregui e Incopromar. Por cada uno de estos asuntos, según indicó Romero, la Fiscalía pide dos años de cárcel e inhabilitación para el alcalde y para los concejales firmantes de las licencias. 'Aparte de estos tres, hay otros 20 asuntos que se están investigando', añadió. Romero lamentó la tardanza del Gobierno andaluz en acudir a la vía penal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de mayo de 2001