El juzgado togado de Valencia está investigando la que probablemente sea primera denuncia penal por discriminación sexual en un cuerpo de carácter militar. La ha presentado una cabo de la Guardia Civil, destinada en el centro penitenciario de Picasent, en contra un superior, al que acusa de haberle dado 'un trato discriminatorio, despectivo y degradante por el simple hecho de ser mujer'.
La cabo, que ha sido expresamente respaldada por la asociación de guardias civiles Coproper 6-J, asegura que las vejaciones y humillaciones a que se vio sometida le produjeron un estado de fuerte ansiedad que desencadenó primero un parto prematuro y posteriormente un grave cuadro depresivo, diagnosticado por un tribunal médico militar.
La denuncia relata pormenorizadamente toda una serie de hechos ocurridos durante más de año y medio para demostrar la existencia de un presunto trato discriminatorio en la distribución del trabajo, acompañado de comentarios despectivos a su condición de mujer; así como de invitaciones a que pidiese un cambio de destino y amenazas para que no se quejase.
Para demostrar que no se trata sólo de una 'apreciación subjetiva', la cabo aporta las identidades de otras tres guardias civiles que también habrían sufrido discriminación por razón de sexo al objeto de que sean citadas por el juez.
El Código Penal Militar no castiga expresamente el trato discriminatorio, por lo que la denuncia se remite a los delitos de abuso de autoridad, extralimitación en el ejercicio del mando y trato degradante con un inferior.
La justicia castrense tampoco permite que un subordinado ejerza la acusación contra un superior -aunque este precepto es contrario a la Constitución, según el Tribunal Constitucional-, por lo que sólo el fiscal puede intervenir en la investigación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de mayo de 2001