El Partido Popular se propone repetir en el Senado el paseo militar que escenificó en el Congreso a cuenta de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Ni su grupo parlamentario ni el de CiU en la Cámara alta tienen previsto presentar enmienda alguna, dando por hecho que lo que decidió el Congreso no debe ser tocado en el Senado. Al margen del uso prepotente de su mayoría absoluta, esta actitud pone en cuestión el papel del Senado como órgano de representación. ¿Para qué sirve la Cámara alta si se le amputa también su función de segunda lectura legislativa?
Los socialistas y otros grupos de oposición pretenden forzar un debate mediante la presentación de una enmienda de veto, que técnicamente supone pedir la devolución del PHN al Congreso. Pero, especialmente ahora, es lo que menos desean el PP y CiU ante el riesgo de airear los problemas surgidos en sus filas por los posibles daños que el trasvase del Ebro puede originar en las comarcas del delta. Los socialistas y los senadores catalanes de la oposición, agrupados en Entesa Catalana de Progrès, ya intentaron un debate sobre el PHN en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero el Grupo Popular del Senado se negó en redondo con su mayoría absoluta.
Si existe un asunto repleto de contenido autonómico es el PHN. Su debate en el Senado era una ocasión de oro para avalar con hechos los anunciados propósitos del Gobierno del PP de realzar su papel institucional y de transformarlo en una Cámara territorial sin necesidad de reformar la Constitución. Y, a falta de esa Cámara territorial, la Comisión General de Comunidades Autónomas, creada al amparo de la reforma del Reglamento del Senado de 1994, era el escenario adecuado, aunque imperfecto, para debatir un asunto que atañe a todas las autonomías y respecto del cual la de Aragón mantiene una posición de radical disconformidad. Pero el Gobierno del PP ha demostrado, a la primera oportunidad, que ni él mismo se cree su reforma.
Si el Senado no existe como Cámara de representación territorial, se boicotean sus restringidas atribuciones actuales en el campo autonómico y se le ningunea como Cámara de segunda lectura legislativa, intentando que asuntos como el PHN pasen de largo, queda reducido a lo que, con frecuencia, aparenta ser: una simple y costosa comisión de estudio de temas sin duda apasionantes, como la anorexia y la bulimia o la violencia en el deporte. Está bien que se preocupe por esos asuntos, pero esa tarea, con desprecio u olvido de las otras, no basta para justificar su existencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de mayo de 2001