El PP rechazó ayer en solitario una iniciativa del Grupo Catalán para que el Congreso regule las empresas de inserción social. Todos los grupos respaldaron a CiU, que, en línea con diversas ONG, incluida Cáritas, proponía la regulación de las empresas que dan empleo a personas excluidas como drogadictos o alcohólicos rehabilitados, ex presidiarios, parados de larga duración o personas con alguna discapacidad. El PP se había mostrado favorable a una propuesta similar en la anterior legislatura. Ayer mantuvo la incógnita hasta el último minuto, pero -según CiU, por decisión de la dirección económica del Gobierno- optó por el rechazo.
Los demás grupos se alinearon con CiU para garantizar un marco especial a estas empresas, toda vez que realizan un trabajo de 'lucha contra la pobreza y la exclusión social'. El portavoz de CiU, Xavier Trias, interpretó este rechazo del PP como demostración de la 'falta de sensibilidad social' del partido del Gobierno.
CiU pretendía que esas empresas fuesen tuteladas por las administraciones y que más de la mitad de sus empleados, 'como mínimo', fueran trabajadores en proceso de inserción. La regulación habría exigido un apoyo económico, y ése, probablemente, ha sido el motivo del rechazo del PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de mayo de 2001