Con el acuerdo de principio alcanzado entre el Gobierno y el primer partido de la oposición para la reforma de la justicia se abre el camino a un proceso de renovación judicial que enlaza con las reformas acometidas por los socialistas a mediados de los ochenta. Lo más destacable del acuerdo es su propia existencia. Sus puntos programáticos abren la esperanza de que a lo largo de dos legislaturas -horizonte temporal de desarrollo del acuerdo- se pongan las bases de un modelo de organización judicial moderno y estable que garantice al ciudadano el derecho a una justicia ágil y eficiente, como señaló ayer, en la presentación del acuerdo, el ministro de Justicia, Ángel Acebes.
Desde hace años, la atención de los poderes públicos hacia los problemas de la justicia no ha dejado de reducirse, hasta situarse bajo mínimos en la primera legislatura de gobierno del PP, con aquella ministra llamada Mariscal de Gante. Si a ello se añade el aumento constante de la litigiosidad -seis millones de asuntos en el año 2000-, la ausencia real de alternativas de arbitraje e intermediación, y la demostrada falta de adaptación de la organización y de los sistemas de trabajo judiciales a las necesidades ciudadanas, se deduce la urgencia de un pacto de Estado que intente poner a punto un sistema judicial progresivamente deteriorado en los últimos años.
Las bases del acuerdo son sólidas. También parece de buena calidad el material con el que se pretende construir el nuevo edificio judicial. Por primera vez, la voluntad política del partido del Gobierno y la del PSOE confluyen en un esfuerzo común de mejora y de modernización del entramado de la justicia. Y lo hacen no desde posiciones partidarias, sino a partir de una lectura común de la Constitución en cuanto al modelo de juez y de organización de la oficina judicial.
Desde este punto de vista hay que alabar que el PP haya rechazado la tentación de hacer tabla rasa de algunas reformas anteriores -especialmente, la elección parlamentaria del gobierno del Poder Judicial- y que el PSOE haya sabido aportar correctivos a algunas prácticas degenerativas de aquellas reformas. Que los 3.500 jueces en activo -directamente y a través de sus asociaciones profesionales- propongan ternas de candidatos a las 12 vocalías del Consejo General del Poder Judicial atribuidas a los jueces, y que el Parlamento elija los más idóneos de entre ellos, parece la fórmula más equilibrada: limita el poder de los partidos y la sospecha que sobre el Consejo había suscitado la alineación partidista de los nombrados, pero evita a la vez el riesgo del corporativismo de una elección en la que los propios jueces tuvieran la última palabra, reforzando, en cambio, la legitimidad democrática del procedimiento parlamentario.
En lo demás, el acuerdo sólo traza líneas a seguir, en la buena dirección. Desde una nueva demarcación judicial con la colaboración activa de las autonomías hasta un sistema más estricto de responsabilidad de los jueces y del Estado por errores y negligencias, pasando por el reconocimiento expreso de 'una carta de derechos' de los usuarios de la justicia, todo hace pensar que el protagonista de la reforma es el ciudadano, como subrayó el representante del PSOE en la presentación del acuerdo. Que así sea.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de mayo de 2001