Los padres de los 1.000 discapacitados psíquicos atendidos en residencias públicas (hasta ahora gratuitas) reclamaron ayer a la Comunidad que no les aplique los nuevos precios de estos servicios, a los que la mayoría se opone, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decida sobre ellos. El TSJM, ante el que han presentado un recurso contencioso-administrativo, decidirá en unos meses si paraliza el cobro de estas cuantías mientras estudia la demanda.
Medio millar de padres afectados decidió el lunes en asamblea no facilitar por ahora al Gobierno regional los datos económicos que les solicita para aplicar los nuevos precios. Cuando reciban la petición responderán con una misiva en la que, utilizando jurisprudencia, explicarán que, según su criterio, se debe esperar a ver si los jueces adoptan medidas cautelares. Estas familias rechazan el nuevo sistema de precios acordado por la Comunidad y las asociaciones de disminuidos porque, con él, algunos deberán pagar por servicios que antes recibían gratis. El 11 de junio se manifestarán en la Puerta del Sol para pedir la paralización de las nuevas tarifas.
Hasta ahora, los 1.000 discapacitados que acudían a los 11 centros de la Comunidad eran los únicos, de los 10.000 que hacen uso de los recursos asistenciales, que no pagaban nada por ellos. El resto se veía obligado a dirigirse a centros privados, creados por asociaciones de padres, y a costearse el servicio. El nuevo modelo pretende unir ambas redes, pública y privada, fijando un sistema de tarifas unificado.
Los nuevos precios se establecen en función de la renta per cápita familiar (los ingresos netos anuales divididos entre 12 meses y entre los miembros de la familia). Por una residencia se abonará el 75% de esa renta, y el 37,5% por los centros de día y ocupacionales. El discapacitado nunca pagará una cantidad superior a la pensión que percibe o, si no tiene pensión, al dinero que sus padres deducen por él de la base imponible del IRPF. Están exentos de pago los beneficiarios de pensiones con una renta inferior a 42.000 pesetas y los que, sin pensiones, tengan rentas de menos de 50.001 pesetas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de mayo de 2001