Alrededor de 120 agentes de distintos cuerpos de seguridad del Estado estaba previsto que acudieran ayer para sacar de sus domicilios a las 19 personas que viven en el número 3 de la calle Francisco Fernández González de Jete. La convocatoria a una concentración masiva de los vecinos de Jete y de otros pueblos cercanos en esta casa justificaba la gran cantidad de efectivos policiales previstos para llevar el desalojo, que ya se tuvo que aplazar hace una semana por la presencia de cientos de personas.
Pero ayer no acudió nadie. La noche antes se canceló la concentración, ante una nueva decisión judicial. Las familias pidieron 'sensibilidad social' al juez y éste les pidió la tarde antes un aval de 20 millones de pesetas para decretar la suspensión temporal del desahucio hasta que se resuelva una demanda que estos vecinos de Jete presentaron para demostrar que los pisos eran de su propiedad. Aunque no tienen escritura pública a su nombre, cuentan con un contrato privado de compra y otros indicios como el pago de impuestos durante 13 años.
'Esta noche hemos dormido tranquilos por primera vez desde hace mucho tiempo', declaró ayer uno de los afectados, Félix Bustos, quien sólo un día antes admitía resignado que, por mucha gente que acudiera a la concentración prevista, lo más probable sería que se produjera el desalojo. Para ello ya habían preparado las maletas y buscaban acomodo en casas de familiares y vecinos. En los seis domicilios viven nueve niños, uno de ellos de un mes.
Estas familias tienen el apoyo generalizado del pueblo y prueba de ello es que el Ayuntamiento de Jete, un municipio de 750 habitantes gobernado por el PSOE, ha propuesto al pleno la declaración de persona non grata a Octavio Álvarez Aneas, el hermano de quien les vendió a estas familias la finca hace 22 años (ahora fallecido) y que, para cobrar una deuda, se ha hecho cargo de algunas de sus propiedades, incluido este solar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de mayo de 2001