El Pleno del Congreso aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley orgánica de derecho de petición y lo remitió al Senado. Esta ley, que regula un derecho fundamental recogido en el artículo 29 de la Constitución, permitirá a 'todas las personas', incluidos los extranjeros aunque sean indocumentados, reclamar a las autoridades (central, autonómica o local) cuestiones de su competencia. Tendrán que responderles en un plazo máximo de tres meses. 'Cuando un ciudadano no pueda recurrir a ningún procedimiento administrativo o judicial para conseguir aquello que pretende y considere justo, siempre podrá acudir al derecho de petición', resumió el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de junio de 2001