La Consejería de Asuntos Sociales estudia cómo actuar ante la sentencia del juez de lo Penal número 2 de Jaén, Ignacio Serrano Butragueño, que ha conmutado una pena de cárcel a un maltratador por la asistencia a un curso sobre la dignidad y los derechos de la mujer. La delegada de Asuntos Sociales en Jaén, Simona Villar, comentó ayer que el convenio suscrito entre la Consejería y el Instituto Andaluz de la Mujer para estos casos sólo incluye tratamiento psicológico a menores afectados por la violencia en el hogar, pero no hay nada estipulado para cursos destinados a maltratadores.
La Junta cuenta con la colaboración de la ONG Vínculo, especializada en la atención a víctimas de violencia doméstica.
La delegada de Asuntos Sociales también recela de la eficacia del fallo judicial como medida reeducadora para los agresores: 'Con un curso solo no se soluciona el problema; me parece que la sentencia se queda corta porque la pena de cárcel no debía haberse suprimido'. No obstante, destacó 'la buena voluntad del juez para reorientar la conducta del maltratador'.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Jaén se personará como acusación popular en los casos de violencia de género, según se aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos políticos en la comisión de gobierno.
La medida se ha aprobado tras la muerte, la semana pasada, de una mujer en la capital jiennense a manos de su compañero sentimental.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de junio de 2001