El Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha sido aprobado en el Congreso y actualmente se encuentra en trámite en el Senado. A estas alturas, después de que el PHN haya recibido el informe positivo del Consejo Nacional del Agua y la aprobación de la Cámara Baja, el proyecto de Ley del PHN sigue sin solucionar las necesidades hídricas del Guadalquivir.
Todas y cada una de las alegaciones que, desde el consenso, presentaron al PHN los miembros del Consejo Andaluz del Agua han sido rechazadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Es el caso del trasvase Guadiana-Guadalquivir, demandado desde el órgano consultivo andaluz y, además, una de las reivindicaciones más importantes que reclama desde hace años la Plataforma del Guadalquivir.
La razón que esgrime el Ministerio de Medio Ambiente para no incluir en el PHN esta infraestructura hidráulica, tan necesaria para el futuro de nuestra cuenca, incurre en agravios comparativos entre comunidades autónomas. En unas declaraciones realizadas en Jaén por el secretario de Estado de Aguas y Costas sobre el citado trasvase, Pascual Fernández afirmaba que esta transferencia 'en estos momentos no se puede recoger en el PHN porque para realizar el trasvase hace falta previamente un convenio internacional con el Gobierno de Portugal'.
El 30 de noviembre de 1998, España y Portugal firmaron en Albufeira un convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas. El objetivo es 'coordinar los esfuerzos respectivos para el mejor conocimiento y la gestión de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas', como es el caso de la Cuenca del Guadiana.
El Convenio de Albufeira establece en su anexo II que los proyectos o actividades 'serán sometidos a evaluación de impacto transfronterizo' cuando 'causen, por sí mismos o en combinación con otros existentes, una alteración del régimen de caudales'. Según esta norma, la detracción de aguas superficiales desde la Cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir será motivo de evaluación de impacto transfronterizo siempre que el agua trasvasada exceda de cinco hectómetros cúbicos anuales.
El trasvase de aguas desde el Guadiana al Guadalquivir necesita, por tanto, una evaluación de impacto transfronterizo para su ejecución. Es evidente que, como cualquier infraestructura que se realiza hoy en día, esta transferencia de agua requiera de informes ambientales previos. En este caso, la evaluación de impacto transfronterizo será el estudio de impacto ambiental que realice el Ministerio de Medio Ambiente -por estar la infraestructura en territorio hispano-, siempre informando al Gobierno portugués.
Las infraestructuras consideradas de interés por el Ministerio de Medio Ambiente se han incluido en el PHN y serán sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, luego ¿por qué no puede incluirse también el trasvase Guadiana-Guadalquivir en el PHN y, como todas las demás infraestructuras, pasar después su trámite de evaluación de impacto transfronterizo?
Demasiadas contradicciones para un PHN que, desde el principio, su principal obsesión ha sido justificar con datos sesgados que el Guadalquivir, verdadera espina dorsal de Andalucía, no necesita transferencias desde otras cuencas. El secretario de Estado de Aguas y Costas argumenta que el trasvase necesita de un convenio con Portugal por afectar a los intereses del país vecino y, por el contrario, el PHN proyecta nuevos regadíos y embalses en tierras del Guadiana que detraerán del río casi 300 hectómetros cúbicos y alterarán el régimen de caudales.
Con estos datos, desde la Plataforma del Guadalquivir no encontramos razones objetivas por las que el Ministerio pueda dejar fuera del PHN el trasvase Guadiana-Guadalquivir. Máxime cuando, además, es la única transferencia hídrica en toda España en la que los usuarios de una y otra Cuenca están de acuerdo en su ejecución.
Ahora, incluyendo el trasvase Guadiana-Guadalquivir en la tramitación parlamentaria del PHN en el Senado, el Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que la planificación del recurso hídrico se hace para todos los españoles. Si no ocurre así, el PHN estará fomentando las desigualdades territoriales y, por lo tanto, vulnerando el principio de igualdad que propugna nuestra Constitución.
Antonio Torres García es Coordinador de la Plataforma del Guadalquivir
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001