La Sala del TSJA desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento gaditano contra otra sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz . Este último fallo estimó la demanda de la Universidad gaditana que, frente a las reclamaciones municipales, pidió la exención del IBI del antiguo hospital militar, donde está la sede del Centro Suratlántico de Tecnología.
El tribunal defiende el criterio del gabinete jurídico de la UCA y dictamina que las universidades, en virtud del artículo 53.4 de la Ley de Reforma Universitaria, gozarán de los beneficios que la legislación atribuya a las fundaciones benéfico-docentes. Según la Ley de Incentivos Fiscales, estas entidades están exentas de abonar el IBI.
La Sala rechaza el argumento empleado por el Consistorio gaditano, que afirmó que la Ley de Reforma Universitaria se encontraba derogada por la Ley reguladora de Haciendas Locales.
El director del gabinete jurídico de la Universidad de Cádiz, Diego Torres, que ha representado y defendido a esta institución, sostuvo ayer que esta sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario, crea un 'importante precedente'.
Otros bienes Torres confirmó que la UCA empleará este fallo judicial para solicitar la exención del impuesto de bienes inmuebles en todos los edificios administrativos y en aquellos que estén destinados a la docencia, que sean propiedad del organismo académico.
Los casos más inmediatos por los que reclamará la UCA serán la sede del Rectorado, el Colegio Beatro Diego -ambos en la ciudad de Cádiz- y el campus universitario de Puerto Real. El Ayuntamiento de esta localidad reclama cerca de 80 millones de pesetas por este concepto.
El representante jurídico de la Universidad, Diego Torres, subrayó que, de acuerdo con esta sentencia, la UCA se ahorrará una elevada cuantía todos los años, que puede rondar los 50 millones de pesetas.
A esto hay que sumar los aproximadamente 100 millones acumulados por las peticiones de los Ayuntamientos de las cuatro localidades (Cádiz, Puerto Real, Algeciras y Jerez de la Frontera) donde están instalados los distintos campus universitarios.
Según varios juristas, esta sentencia no sólo abrirá el camino a la UCA para no abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles de ninguna de sus propiedades, sino que otras universidades andaluzas y nacionales podrán seguir el mismo camino.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001