La sala, encabezada por Lorenzo del Río, presidente de la Audiencia de Cádiz, desestimó los recursos de las defensas y mantiene la máxima medida correctora que prevé la nueva ley por dos delitos de asesinato y conspiración al asesinato. La sentencia considera probado que I. S. G. y R. C. T., que ahora tienen 17 y 18 años, respectivamente, engañaron a la víctima para conducirla a un descampado, le asestaron 23 puñaladas y le seccionaron parcialmente el cuello. Las asesinas declararon que cometieron el crimen para 'experimentar qué se sentía' y porque querían hacerse 'famosas'.
El letrado de la menor de la condenadas, Fernando Serrano, solicitó una rebaja de la pena al entender que no se aportaron pruebas de que su cliente actuara con alevosía. El otro abogado, Luis Pérez Matallana, solicitó cinco años de encierro para su cliente en un centro terapéutico. Ambas peticiones fueron desestimadas.
La Audiencia acepta el recurso de la Fiscalía, que se opuso a que las jóvenes estén recluidas voluntariamente durante el tiempo que duren los recursos al haber cumplido seis meses de internamiento preventivo, el tiempo máximo permitido por la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La Sala deja sin efecto el auto del juez de menores de Cádiz, Rafael del Río, quien empleó la Ley de Enjuiciamiento Criminal como norma supletoria a la del Menor para prolongar hasta cuatro años el internamiento cautelar. Así las cosas, si las defensas presentan, en el plazo de diez días, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, las jóvenes quedarán en libertad. Los letrados no precisaron si recurrirán.
El padre de Klara, José Antonio García, valoró la sentencia de la Audiencia. 'Otra cosa sería incorrecta. Demasiado bien le han salido las cosas a las dos asesinas de mi hija con la pena que le han impuesto'. Sobre la posibilidad de que queden en libertad las condenadas, dijo: 'Me duele que estén en la calle, mientras mi hija está muerta, pero es la única forma posible de que queden en evidencia las lagunas y deficiencias de la nueva ley. Los legisladores y poderes públicos deben darse cuenta de que estas chicas pueden cometer otro delito o fugarse. Deben replantearse el texto y tener más en cuenta a las víctimas'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001