La Comunidad Valenciana ocupa el último lugar en el conjunto del Estado por número de plazas en residecias para personas mayores. A finales de 2000 apenas había 13.000 plazas en territorio valenciano cuando las necesidades reales exigían un mínimo de 20.000.
El contrato administrativo especial que acaba de resolver Bienestar Social establece que los adjudicatarios levanten 138 residencias durante los próximos cuatro años para ampliar la actual oferta de 13.000 plazas para personas mayores hasta 22.000 a lo largo de 2005.
Blasco aludió al contrato como 'la iniciativa más importante del Consell en materia social para satisfacer la demanda creciente de recursos para las personas mayores'.
Un total de 13 empresas se comprometen a construir las 138 residencias previstas, a dotarlas, a explotarlas y a reservar a disposición de la Generalitat un 30% de las nuevas plazas para acoger la demanda de 'personas mayores dependientes' de acuerdo con los criterios establecidos por la Consejería de Bienestar Social.
Como contrapartida, la Generalitat subvencionará cada plaza de uso público con 6.240 pesetas por día durante un plazo de 15 años, que puede prorrogarse en dos revisiones hasta 25. Pero evita financiar la construcción de los nuevos centros y esquiva la responsabilidad de ocupar las plazas reservadas.
Bienestar Social exige que los usuarios de plazas de explotación privada y las reservadas a los mayores dependientes disfruten de las mismas prestaciones y prevé inspecciones periódicas para comprobar la calidad de los servicios.
Varios grupos constructores han constituido uniones temporales con empresas especializadas en la atención a los mayores o han constituido sus propias empresas de servicios sociales para optar al contrato administrativo.
Una unión temporal constituida por varias constructoras valencianas entre las que destacan Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, SA, Cyes y Hormigones Martínez, entre otros, ha resultado adjudicataria de 1.132 plazas de accesibilidad social en cinco lotes diferentes. Otra, que asocia a Obrascon Huarte Lain, la constructora del grupo de Juan Miguel Villar Mir, con una empresa de servicios asistenciales, obtiene 797 plazas susceptibles de subvención en otros cinco lotes. Ambos grupos copan el 77% de las plazas adjudicadas.
El nuevo 'modelo valenciano de gestión de recursos sociales', en palabras de Blasco, fue recibido con prudencia por la oposición socialista. Antonio Torres, portavoz de Servicios Sociales en las Cortes, recordó la cruda realidad presente -1,77 plazas por cada 100 personas mayores- y vaticinó que en 2003 'seguiremos en situación totalmente deficitaria' respecto al resto de España.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001