La denuncia de los propietarios de estaciones de servicios no es la única espada de Damocles que pende sobre las grandes petroleras que operan en España. Aún quedan por resolver los expedientes abiertos por el Tribunal de Defensa de la Competencia y las diligencias informativas de la Fiscalía Anticorrupción sobre si se produjeron pactos de precios de los carburantes entre las petroleras.
Las denuncias ante el Servicio de Defensa de la Competencia fueron presentadas por asociaciones de consumidores y transportistas durante 1999 y 2000, en plena escalada de los precios de los combustibles, convencidas de que las grandes petroleras, principalmente Repsol YPF y Cepsa, pactaban los precios en España. La asombrosa similitud entre los precios de las gasolineras de una y otra compañía disparó la sospecha de los consumidores y ésta se extendió como la pólvora, provocando un gran malestar social.
La Fiscalía Anticorrupción decidió, a mediados del año pasado, investigar de oficio (por iniciativa propia) este presunto pacto. Para ello, la Fiscalía solicitó a Competencia la documentación que obraba en su poder, puesto que para ese momento, el Servicio ya había abierto cinco expedientes. Tanto los expedientes como las diligencias de la Fiscalía se hallan pendientes de resolución.
En plena crisis por la imparable subida de los precios de los carburantes no fue sólo en España donde se comenzó a sospechar que las petroleras podían estar pactando los precios. Se abrieron investigaciones en Francia, Alemania, Italia y Suecia. En los dos últimos países mencionados hubo fuertes sanciones contras las petroleras. En Suecia, la oficina de Supervición de la Competencia demandó a las cinco grandes petroleras que operan en el país por pactar precios y en Italia, las autoridades impusieron una multa a ocho petroleras por la misma razón.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001