Uno de los principales frentes legales abiertos por el PP andaluz contra el proceso de renovación de los órganos de las cajas ha sido invalidado por un juez de Granada. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 confirma la plena legalidad de la asamblea de La General de Granada, celebrada el pasado mes de septiembre, en la que se aprobó la adaptación de sus estatutos a la nueva ley de cajas. El PP adujo que dos ayuntamientos habían cambiado sus representantes en la asamblea en pleno reajuste a la nueva legislación lo que, a su entender, además de ilegal, invalidaba los acuerdos allí aprobados.
La sentencia, por el contrario, sostiene que nadie puso en duda en los ayuntamientos el cambio de sus representantes en la asamblea y que ambas corporaciones locales mantuvieron su representación a todos los efectos. En consecuencia el cambio fue legal y los acuerdos de las asambleas válidos.
La sentencia, que puede ser apelada, condena a los promotores de la denuncia a pagar los costes. Los abogados de la caja granadina aún no han precisado el montante de sus minutas. En cualquier caso, los costes tendrán que ser fijados por el juez. El PP declinó comentar la sentencia y tampoco confirmó si apelará o no.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001