El notable incremento durante los últimos años del Censo de Residentes Ausentes (CERA), un registro actualizado mensualmente a partir de la información remitida por los ayuntamientos, los consulados y el registro civil, ha puesto en marcha una investigación para descubrir las causas del inusitado crecimiento del número de emigrantes gallegos con derecho a voto en los próximos comicios autonómicos: mientras sólo 104.298 gallegos del exterior tenían en 1993 derecho al sufragio, la cifra de 2001 ha subido hasta 269.518. La oposición parlamentaria a la Xunta tiene buenas razones para el mosqueo: como ingrediente culinario de esa multiplicación de los panes y de los peces electorales figura el milagro gerontológico de los 700 y pico gallegos centenarios que sobrevivían en Buenos Aires (473) y Montevideo (273) el pasado abril, frente a los 359 paisanos de la misma edad registrados en España.
Hasta que la publicación de esa inverosimil noticia obligó al Gobierno a emprender la actualización de los registros consulares, la quinta provincia gallega trastlántica constituía un prodigio de longevidad: el 3,2% del total de los residentes inscritos en el CERA era cuando menos nonagenerio, frente al 0,7 correspondiente a las cuatro provincias continentales. Los requisitos exigidos a los gallegos del exterior para votar en los comicios autonómicos no son, por lo demás, un delirio burocrático kafkiano: la Oficina del Censo Electoral remite de oficio-no a petición del interesado- las papeletas y el sobre con la dirección de la Junta Electoral Provincial; los electores envían su voto por correo certificado desde las oficinas postales del país donde residan. La combinación de tatarabuelos centenarios y de abundantes resquicios para la sustitución indebida de los lejanos emisores del voto forman la foto robot del fraude electoral.
Dentro del amplísimo repertorio de los ardides ideados por los caciques de la Restauración para falsear el veredicto de las urnas, no era infrecuente la práctica de hacer votar a los difuntos inscritos en el censo: los denominados votos de crucificados o lázaros. La investigación ya clásica de José Varela Ortega sobre los partidos y las elecciones en España de 1875 a 1900 (Los amigos políticos, 2º ed., Marcial Pons, 2001) menciona ejemplos de esas actuaciones picarescas dirigidas a resucitar a los muertos: en las elecciones de 1879 Romero Robledo desplegó por Madrid unas disciplinadas escuadrillas volantes de aragoneses instalados en doscientos coches de punto que se trasladaban a los colegios para suplantar a los difuntos; en 1896, un cochero contratado por los conservadores llegó a votar cuarenta y dos veces.
Con la Constitución de 1978, el fraude electoral resulta incomparablemente mas difícil que en los tiempos del célebre prócer de Antequera: la estructura y el funcionamiento de las Juntas Electorales y la judicialización del proceso de escrutinio (incluido los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional) ofrecen suficientes garantías de limpieza. Sin embargo, la fértil imaginación de los tramposos nunca descansa: siempre hay resquicios a través de los cuales puede filtrarse el propósito de torcer el veredicto de las urnas. Tal y como pusieron de manifiesto en su día las denuncias dirigidas contra los abusos cometidos por el PP en ese terreno, el voto por correo ha servido dentro de España para ese propósito. Las posibilidades de fraude son todavía mayores cuando los electores residen en el extranjero. La presunta manipulación de los votos de Formentera por Jaume Matas, el inflamiento del CERA y la milagrosa aparición de centenares de émulos de Matusalén en el Río de la Plata dan fundamento para sospechar que las estafetas postales bien pudieran ser las puertas celestiales a través de las cuales los muñidores del partido al frente de la Xunta - generosa subvencionadora de los centros gallegos del exterior desde hace años- pretenden sacar de sus tumbas a los lázaros de turno para hacerles votar en la jornada electoral de los muertos vivientes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001