El Gobierno se ha visto obligado a suavizar su dura actitud frente a la inmigración irregular en el reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería. A ese cambio no ha sido ajena, sin duda, la probada impotencia de esta ley para encarar los problemas de los inmigrantes, impelidos a ir de oficina en oficina a la busca de papeles o a encerrarse para forzar una respuesta legal y humanitaria a su situación. El artículo 41 del proyecto de reglamento, presentado ayer a los grupos parlamentarios, establece una especie de regularización ordinaria para el inmigrante que acredite su permanencia continuada en España durante tres años y esté potencial o realmente incorporado al mercado de trabajo. La realidad se ha impuesto a la falacia voluntarista del Gobierno de creer que el inmigrante irregular no existe en la medida en que la ley lo ignore o imponga condiciones inaccesibles a su regularización.
No se trata de una regularización automática, pues queda a la discrecionalidad de las autoridades de inmigración concederla o no. Pero al menos establece unos requisitos asequibles al inmigrante que, estando inmerso de una u otra forma en el mercado laboral, quiere regularizar su situación en España. Es el caso, seguramente, de la mayor parte de los miles de inmigrantes que laboran en la huerta murciana, en la recogida de la fresa en Huelva, en los cultivos de El Ejido, en la construcción o en el servicio doméstico y que, por una u otra causa, quedaron al margen de la última regularización extraordinaria. A estos inmigrantes se les abre la posibilidad de obtener un permiso de residencia temporal en España por un periodo mínimo de tres meses y máximo de cinco años.
Este 'mecanismo de flexibilidad humanitaria', como eufemísticamente se le denomina en ámbitos del Gobierno, supone una rectificación, parcial pero sensata, del criterio general de cinco años de permanencia en España que exige la Ley de Extranjería para el acceso a la residencia temporal. Esta rebaja de cinco a tres años también se tendrá en cuenta para el reagrupamiento familiar con inmigrantes ya residentes. No es probable que esta rectificación baste para evitar en el futuro las regularizaciones extraordinarias, pero al menos abre una espita para que la inmigración irregular no se convierta en un polvorín. Si se quiere que los inmigrantes dejen de 'aporrear nuestra puerta', como ha dicho el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, habrá que procurar no darles con ella en las narices. Bien está que, tras habérsela cerrado a cal y canto con la Ley de Extranjería, el Gobierno la entreabra un poquito con el reglamento que viene a desarrollarla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001