El propósito de la Junta de Andalucía de racionalizar el sector de las cajas de ahorro bajo su jurisdicción se concretó en dos iniciativas con desigual éxito: la concentración de las seis cajas de la zona y la presentación de un proyecto de ley sobre ese sector que, entre otras mejoras, regulaba la elección de los órganos de gobierno de las cajas andaluzas. En ambos casos, las autoridades trataban de ejercer una competencia propia, de forma similar a como lo han hecho otras comunidades. La concentración era una opción razonable, a tenor del minifundio financiero de las cajas en esa región, de la cuestionable eficacia de algunas de ellas y de la penetración de entidades financieras de otras regiones. La paradoja es que los bancos, dentro y fuera de España, optan por generar dimensiones elevadas para ganar en capacidad competitiva, mientras que algunas cajas andaluzas anteponen los intereses personales de sus presidentes a la integración de todas las de la región.
La reacción de los directivos de algunas cajas a las iniciativas de concentración no pudo ser más adversa. A la reivindicación de su singularidad por el presidente de CajaSur y canónigo de la catedral de Córdoba, Miguel Castillejo, se unió la virulenta oposición de los presidentes de las dos cajas sevillanas, El Monte y San Fernando. Ambos plantearon como alternativa la fusión de las dos cajas, pero sin contar con la autoridad política que les puso en el cargo. La fusión de El Monte y San Fernando no la orientan como solución óptima, sino como una forma de escapar a la renovación de órganos de gobierno que exige la ley en vigor. En definitiva, pretenden que la fusión paralice los plazos de renovación. En otras palabras, quieren aferrarse al cargo. Pero un dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, el equivalente autonómico al Consejo de Estado, acaba de pronunciar taxativamente que la fusión prevista no debe paralizar ni demorar el proceso electoral de ambas cajas.
Con sus maniobras, los presidentes de El Monte y San Fernando no sólo atentan contra la capacidad normativa de las comunidades autónomas, sino que están poniendo en entredicho, con sus caprichos de virreyes, la calidad de la gestión de unas entidades financieras que deberían transmitir seriedad y respeto. Las cajas andaluzas tienen que cumplir la ley aprobada por el Parlamento de Andalucía. Cualquier proceso sancionador que se inicie sobre el fundamento del dictamen del Consejo estará plenamente justificado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001