Los principales puntos de la ley en los que, según los seis consejeros socialistas, el País Vasco y Cataluña, se invaden las competencias autonómicas son la creación de una red de centros 'de referencia' del Estado y la creación de un Instituto Nacional de las Cualificaciones, que determinará cuáles serán y las condiciones que se establecerán para convalidar títulos, en el que no están presentes las comunidades.
El ministerio considera que el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional ya se ha debatido lo suficiente en diferentes foros -como el Consejo General de la FP, en el que hay representantes de las comunidades, los sindicatos y las patronales- y que 'ha sido valorado por los agentes sociales y la mayoría de las comunidades autónomas', aseguró ayer la ministra de Educación, Pilar del Castillo. Siete comunidades autónomas abandonaron la semana pasada la última sesión del Consejo General de la FP porque este proyecto no había sido debatido con los máximos representantes de Educación de las comunidades en la Conferencia sectorial. La ministra justificó ayer que 'el foro adecuado' para debatir esta ley es el Consejo General de la FP.
El ministerio presentará ahora el anteproyecto al Consejo Económico y Social y al Consejo Escolar del Estado, cuyos informes no son vinculantes, y antes del verano al Consejo de Ministros para su aprobación. El debate posterior en el Parlamento se iniciará en otoño. Sólo en la FP reglada estudian unos 450.000 alumnos.
Los consejeros criticaron ayer duramente el rechazo de la ministra de negociar en la Conferencia Sectorial algunos aspectos de la ley. Las comunidades nacionalistas y socialistas han asegurado que harán 'una oposición frontal' a la ley en el Congreso de los Diputados'. La consejera andaluza Cándida Martínez señaló que 'es inaceptable la actitud de desprecio del ministerio ante la opinión de las comunidades' y el consejero de Asturias Javier Fernández Vallina que 'el debate es lo que delimita la relación intitucional entre las comunidades y el Estado y lo que no vale es el 'yo legislo y tú pagas''. Según Vallina, 'cuando esto ocurre significa que tenemos la asignatura pendiente para que en el sistema educativo haya cooperación y corresponsabilidades'.
Para el consejero vasco Inaxio Oliveri 'hay una invasión competencial clarísima'. Olivera dijo que 'si el PP utiliza las reuniones de la Conferencia Sectorial para justificar que han pasado las leyes por allí, entonces hay que plantearse su virtualidad y la conveniencia de asistir a ellas o incluso su existencia'. Según Oliveri, el PP 'desprecia a las comunidades y por eso prefiere refugiarse en foros más amplios' y asegura que su comunidad 'no va a parar la FP que ya tiene en marcha' y que la ley del Gobierno 'es regresiva en cuanto a lo que se está desarrollando ya en el País Vasco'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001