El Ayuntamiento de Peñíscola aprobó ayer, por unanimidad de todos los grupos municipales, impugnar ante la Consejería de Medio Ambiente el decreto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra d'Irta. El consistorio considera que este decreto contiene un error técnico en su redacción, ya que no permite la construcción en la partida de Pitxells, en contra de lo acordado en su día con la consejería. La zona de conflicto comprende un área de tres millones de metros cuadrados (300 hectáreas). El teniente de alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez (PP) explica que 'la propia consejería nos dice que esta zona no necesita una protección total ya que carece de elementos paisajísticos y ecológicos dignos de protección, pero en otro artículo del documento recoge que será una zona de suelo no urbanizable, lo que resulta incongruente'.
Es por esto que se pretende que la zona se quede como suelo urbanizable y bajo potestad del Ayuntamiento, al carecer de una especial protección. Martínez asegura que 'debe ser el Ayuntamiento quien decida sobre el futuro urbanístico de esta zona'. La consejería tiene un mes de plazo para pronunciarse sobre este recurso.
El Ayuntamiento también debatió, en otra sesión plenaria celebrada minutos después de la anterior, una propuesta de los grupos de la oposición (PSPV y UV) para poner un recurso contencioso-administrativo al PORN de Irta porque no se recogen las alegaciones que presentaron en su momento todos los grupos municipales.
La oposición buscaba que se impugnara el PORN, 'puesto que se han desestimado prácticamente todo lo que presentamos de manera consensuada el pasado mes de enero', según manifestaba el portavoz de UV, Manuel Roca. Por su parte, el concejal socialista Francisco Galán aseguró que 'tenemos que defender la Serra d'Irta porque es nuestra, y toda Peñíscola ya ha manifestado por unanimidad qué plan de protección quiere'. No obstante, los votos contrarios del equipo de gobierno frenaron esta moción. Martínez respondió que 'promover una impugnación completa supondría un gasto adicional al Ayuntamiento que no nos llevaría a nada'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de junio de 2001