Telefónica CTC Chile, controlada por la española Telefónica, confirmó ayer el despido de 1.600 empleados, 100 de ellos ejecutivos de alto nivel, como medida para salir de pérdidas y afrontar la creciente competencia en el país.
Tras varios días de silencio respecto al alcance del ajuste, el gerente general de la compañía, Claudio Muñoz, pidió a los 7.600 empleados que conservarán su puesto de trabajo el máximo esfuerzo para reducir los costes y mejorar la gestión. La operadora, que ha recurrido varias veces la bajada de tarifas impuesta por el Gobierno, logró hace unos días el aval del presidente de Chile, Ricardo Lagos, a las medidas de ajuste.
No ha ocurrido lo mismo con los sindicatos, que han presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se impida a Telefónica CTC ejecutar los despidos. Los trabajadores de la operadora han llevado a cabo varias acciones de protesta y el pasado miércoles llevaron a cabo un paro que, sin embargo, se vio frustrado por la ocupación de las oficinas principales por la policía. La acción intimidatoria, prueba del apoyo del Gobierno a la compañía, hizo que tan sólo un 50% de la plantilla secundara el paro y obligó a reanudar la actividad a media jornada, según los sindicatos.
La dirección aseguró ayer que los despedidos recibirán una indemnización de 40 días de sueldo por cada año trabajado, sin máximo alguno, y que se les mantendrán los beneficios de salud y previsión social durante seis meses.
El conflicto en Chile coincide con una ofensiva del gigante estadounidense AT&T en Perú, donde ha denunciado a Telefónica ante el regulador de telecomunicaciones (Osiptel) por supuestas prácticas contra la competencia. También en España, los rivales del antiguo monopolio condenaron la actitud 'obstruccionista' en lo que respecta a la apertura de su red de telefonía local a la competencia.
Los 35 nuevos operadores agrupados en Astel aseguraron que si aún no han empezado a prestar servicios locales es porque el antiguo monopolio mandó hace sólo una semana la oferta de alquiler de su infraestructura en unas condiciones 'claramente insuficientes'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de junio de 2001