Al recibir las transferencias, la decisión del Gobierno vasco fue hacer una apuesta clara en términos políticos: modernizar la Administración de Justicia, y en términos presupuestarios. Para el Ejecutivo autónomo, la Justicia es un servicio público, al igual que lo son la sanidad o la educación, y por lo tanto de lo que se trata es de proporcionar al ciudadano y a los profesionales que trabajan en ella el mejor servicio posible. Esta es la tesis que han mantenido los sucesivos consejeros de Justicia: Juan Ramón Guevara (que comenzó el programa), Javier Caño, José Ramón Recalde, Ramón Jáuregui, Francisco Egea y Sabin Intxaurraga. Nadie se ha desviado del plan, señala la directora del Relaciones con la Administración de Justicia del departamento, Inmaculada de Miguel.
En un primer momento se analizó la situación de lo que se recibía en la transferencia, que en su momento se valoró en 800 millones de pesetas. De acuerdo con las necesidades detectadas, el departamento puso en marcha tres planes: el de renovación de edificios judiciales, el de informática y el de calidad de los servicios judiciales. En informática, la inversión hasta ahora ha sido de 7.000 millones y se prevén 4.000 millones más hasta el año 2003.
'Situación ruinosa' En cuanto a las sedes judiciales, el estudio previo detectó que el estado de lo transferido era 'ruinoso y obsoleto en materia de organización. No había oficinas de información al público y no se garantizaba la intimidad de los ciudadanos', recuerda de Miguel.
El plan para renovar y construir palacios judiciales ha interactuado durante estos 12 años junto a los otros dos, es decir, el de informática no está pensado para otro tipo de edificios diferentes de los que se está construyendo y, por su parte, los servicios para mejorar la calidad (como oficinas de atención a las víctimas o de información a los usuarios) también tienen su diseño de acuerdo al plan previsto de sedes.
El director de Recursos Materiales y Planificación del departamento, Javier Zorriketa, explica que los nuevos palacios se rigen por características comunes: un recibidor de entrada muy espacioso que permite una circulación periférica por el edificio. 'Existen zonas de público a las que tiene acceso todo el mundo; otras restringidas, con la finalidad de que los funcionarios puedan trabajar sin interrupciones en su trabajo, y otras zonas prohibidas, a las que sólo pueden acceder muy pocas personas (como los calabozos)'.
Aunque se ha buscado la estética, lo importante ha sido la funcionalidad, resalta Inmaculada de Miguel. 'Los servicios para el público (registro civil, juzgado de guardia) están en la planta baja. Es lo que genera más afluencia de ciudadanos. El resto se ubican en las de más arriba'. 'Todos los colectivos relacionados con la Justicia', añade, 'están contentos con la nueva distribución porque les permite trabajar sin interrupciones ya que cuando los ciudadanos suben a su planta es porque tienen algo que hacer, no porque van a preguntar por algo'.
Además, en cada juzgado existe una sala multiusos (donde se hacen las pruebas, entrevistas), lo que ha determinado que todo el personal de ese juzgado tenga que organizar una agenda común y no como hace algunos años, cuando cada funcionario citaba a una hora, de forma que en las horas punta de media mañana se agolpaban todos los ciudadanos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de junio de 2001