Los 11 ayuntamientos del valle de Valdizarbe, situado al sur de Pamplona, han reiterado a través de una declaración pública su rotunda oposición a la decisión del Gobierno de Navarra y el Ministerio de Justicia de construir una cárcel con capacidad para 400 reclusos en el paraje rural de Auritz, en el término de Muruzábal.
Todos los municipios son contrarios al proyecto, que, según la información transmitida por el vicepresidente navarro, Rafael Gurrea, tiene el 99% de posibilidades de ser construido en Valdizarbe. Aunque el Ejecutivo no ha adoptado aún la decisión final, ésta podría ser adoptada el próximo lunes.
La alcaldesa de Puente la Reina, Eva Erro, acompañada de alcaldes y concejales de las restantes localidades, subrayó que si las instituciones apuestan por un modelo penitenciario moderno y con una verdadera finalidad de reinserción, el centro penitenciario debe estar ubicado 'en el conjunto urbano'.
Los alcaldes de Valdizarbe denunciaron que levantar de la nada una cárcel en medio del monte y a 16 kilómetros de Pamplona perjudicaría notablemente los esfuerzos de resocialización de los estamentos que trabajan con la población reclusa. 'Además de generar impedimentos a los propios presos, sus familias y sus letrados defensores', indicaron los alcaldes, 'alejarían a los reclusos de sus trabajos y de los centros sociosanitarios de Pamplona que les brindan ayuda'.
Actualmente la vetusta cárcel de Pamplona aloja a apenas 200 penados, 57 de los cuales sólo acuden a ella para dormir. El proyecto de nueva cárcel costará unos 3.500 millones de pesetas, dispondrá de 200.000 metros cuadrados construidos, necesitará siete kilómetros de nuevos viales en terreno rural y tendrá capacidad para 400 reclusos en celdas individuales. Los municipios aseguran que la cárcel inhibirá el desarrollo turístico y social del valle y tendrá graves afecciones medioambientales y sociales en el entorno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de junio de 2001