La posición del PP andaluz sobre el decreto de alojamientos para temporeros ha oscilado a menudo en las últimas semanas. Antonio Sanz, después de la primera reunión con el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, para tratar el borrador del plan integral de la inmigración, pidió la modificación de la norma autonómica, que cuenta con la oposición clara de la mayoría de alcaldes de municipios almerienses (del PSOE y del PP) con grandes asentamientos de inmigrantes. Días después, Sanz fue más lejos y reclamó su derogación, tras reunirse con regidores de su formación de Almería.
Ayer, en la segunda reunión que mantuvo con representantes de Gobernación, Sanz se situó casi a medio camino. Dijo primero que era 'imposible' resolver la falta de alojamientos con 1.300 millones de pesetas (la dotación prevista en el decreto para dos años) y que se necesitaban otras medidas como la rehabilitación de cortijos o los albergues. Después de descalificar la política de viviendas de la Junta ('no resuelve el problema para inmigrantes, ni para nadie'), Sanz acabó apostando por la 'complementariedad'. 'Ni sólo la rehabilitación de cortijos, ni sólo el decreto', agregó. A continuación, sin embargo, respondió que su partido seguía 'apostando' por la derogación del decreto por no adecuarse a la realidad y porque, 'valga o no valga', los 1.300 millones de pesetas son 'absolutamente insuficientes'.
Sanz y las parlamentarias Carmen Crespo y Ana María Corredera presentaron ayer medio centenar de propuestas al borrador del plan integral elaborado por Gobernación. A grandes rasgos, el PP exige que se refuerce la dotación presupuestaria con 7.000 millones de pesetas más, la exclusión de las medidas de cooperación internacional, la creación de oficinas provinciales en las Diputaciones como mediadores entre Junta y ayuntamiento en temas inmigratorios y la elaboración de ocho planes comarcales en aquellas zonas de Andalucía con mayor presencia de inmigrantes.
A pesar de las críticas, Sanz hizo gala de un tono conciliador y reiteró la disposición del PP de llegar a un acuerdo con la Junta sobre la materia. El director general de Coordinación de Políticas Migratorias, Pedro Moya, dijo que la Junta está dispuesta a 'agotar al máximo la filosofía de la cooperación' y flexibilizar los plazos marcados para aprobar el plan integral. La Administración andaluza, por el contrario, se muestra más reticente a suprimir o rehacer el decreto de alojamientos. 'El decreto es bueno y se va a mantener', dijo Moya. La Junta está dispuesta a pactar medidas 'complementarias' en materia de vivienda, pero no aceptará 'alternativas' para sustituirlo, según el representante de la Junta.
Por otra parte, unos 20 menores inmigrantes, que en la actualidad están tutelados por la Junta de Andalucía en diversos centros, serán acogidos por familias establecidas en Almería y Córdoba para evitar la 'institucionalización' de los menores, según el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. La mayoría de los hogares están formados también por inmigrantes para tratar de evitar su desarraigo cultural, aunque el consejero no excluyó a las familias españolas que posean una 'especial formación, sensibilización y respeto por las características culturales y religiosas de estos menores', informa Europa Press.
Este programa está financiado por la Fundación La Caixa (44 millones de pesetas) y la Junta (22 millones), que tutela a unos 300 menores inmigrantes en sus centros, con una media de 14,8 años de edad. En 2000 la Administración autonómica invirtió 1.350 millones de pesetas en estas políticas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de junio de 2001