La Junta de Andalucía, a través de la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, aseguró ayer que los cambios que se contemplan en el pacto de Estado para la Justicia costarán en esta Comunidad entre 70.000 y 80.000 millones de pesetas, cantidad que deberá ser valorada también por el Gobierno central para llegar a la cofinanciación prevista en el acuerdo global.
La mayor parte del dinero previsto, 63.000 millones de pesetas, corresponde al presupuesto del plan andaluz de infraestructuras, que prevé la reforma de las sedes judiciales y supone un 'avance' con respecto a otras comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, pues, según explicó la consejera, 'ya tenemos parte de la tarea realizada al conocer la situación de los órganos judiciales andaluces'. El resto del dinero calculado es el que la Consejería considera necesario para aumentar el personal, modificar los órganos judiciales o instalar servicios de asistencia e información.
Hermosín, que se reunió ayer en Granada con los delegados provinciales de su departamento para valorar los resultados del pacto de Estado, se quejó de que hasta el momento hay comunidades que 'han sido mejor tratadas financieramente' y de que la Junta ha tenido que asumir el coste de las nuevas leyes en vigor.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de junio de 2001