La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo no cambiará la resolución mediante la que, en cumplimiento de la Ley de Indulto, aplicó al ex juez Javier Gómez de Liaño la gracia concedida por el Gobierno de José María Aznar, según indicaron a este periódico fuentes del Alto Tribunal.
Esta decisión anunciada por algunos de sus magistrados y conocida en fuentes jurídicas y, especialmente, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alimentaba ayer la perplejidad sobre 'el mecanismo procesal', en expresión de Luis López Guerra, vicepresidente del Consejo, 'que utilizará la sentencia del Tribunal de Conflictos'.
Tanto en el Supremo como en el CGPJ se considera que sólo si la Sala Penal del Supremo modificara la aplicación del indulto podría ejecutar esa decisión el órgano de gobierno de los jueces, que no puede recibir órdenes del Gobierno
La decisión del Tribunal de Conflictos sorprendió a los magistrados de lo Penal del Supremo reunidos en un acto de homenaje a un antiguo presidente de la Sala. Los magistrados, que esperaban una resolución favorable a sus tesis, quedaron 'anonadados', según manifestaron testigos presenciales.
No obstante, algunos de ellos comenzaron a estudiar la posibilidad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, fundada en la imposibilidad de que un tribunal que debe limitarse a dirimir competencias dicte una sentencia que modifique una resolución firme del Supremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de junio de 2001