La Ley del Juego quedó ayer vista para su aprobación en pleno, tras su paso por la Comisión de Presupuestos de la Asamblea. El PP aceptó 27 enmiendas -19 de IU y 8 del PSOE- que afectan al 80% de los 36 artículos que componen el proyecto del Gobierno regional. IU -dos votos- se daba ayer por satisfecha, aunque finalmente se abstuvo. El PSOE -seis votos- denunció que 'como en el siglo XIX, [la ley] lo deja todo a futuros reglamentos', y votó en contra. El texto quedó aprobado con los nueve votos del PP.
La polémica Ley del Juego no sufrirá más modificaciones en su debate en el pleno del día 21. Pedro Muñoz Abrines, del PP, daba ayer por cerrada cualquier posibilidad de nuevas enmiendas y destacaba que el proyecto madrileño 'es similar a las leyes de otras comunidades autónomas'. El portavoz popular en la comisión destacó que su grupo había aceptado numerosas enmiendas, 'de fondo y forma', de la oposición.
Diecinueve de esas enmiendas corresponden a IU. Su portavoz en la comisión, Franco González, admitió que 'las más importantes preocupaciones han quedado recogidas en el texto', pero explicó que, al quedar fuera algunas de ellas, como la creación de un Consejo Regional, había optado por la abstención.
Entre las modificaciones aceptadas por el PP se encuentran: el endurecimiento de los requisitos para conceder licencias a casinos -se tendrá en cuenta la calidad y estabilidad del empleo generado-, la inclusión de canódromos e hipódromos como ámbitos de apuestas, la prohibición de promocionar el juego y reconocimiento de la ludopatía, la prohibición de la publicidad explícita y la exclusión de imágenes que denigren a la persona.
Pero si Franco González se mostraba 'relativamente satisfecho', su compañera de oposición, la socialista María Luisa Álvarez Durante, subrayó que la ley deja en manos de los reglamentos muchos aspectos controvertidos del proyecto, como la misma publicidad. Álvarez ve, además, un problema añadido: 'Es una ley que favorece las máquinas tragaperras, que, por las características de sus empresas, no están obligadas a ser auditadas'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de junio de 2001