Los padres de los alumnos de 2ºB de Primaria del colegio Guadaljaire-Alborada, situado en la barriada Nuevo San Andrés, se reunieron el pasado viernes con la directora del centro para informarle de las quejas recibidas por sus hijos, la mayoría de 7 años. Estos hablaban de tirones de pelos y otros maltratos físicos y psíquicos, como obligar a un estudiante a quitarse un pendiente o expulsar a una alumna de clase porque ésta terminó sus tareas rápidamente, siempre atendiendo a las protestas de los padres. Estos afirmaron incluso que la profesora ató la semana pasada a uno de los escolares a la silla con una cuerda de saltar la comba.
Al recibir la denuncia verbal de los padres de cuatro matriculados, la delegación de Educación envió un inspector al centro el pasado lunes. Tras la inspección, la profesora ha sido apartada de las clases y la habitual docente de apoyo del colegio ya dirige el aula. No obstante, diversas profesoras del centro recalcaron ayer que la compañera denunciada no acude al colegio al haber solicitado la baja por una flebitis.
Cuando se produjeron las primeras quejas el pasado viernes, la maestra expedientada, de 50 años, estaba destinada en el centro desde hacía una semana. Realizaba la sustitución de la profesora titular, que se encontraba de baja.
Otras maestras del colegio Guadaljaire-Alborada negaron la veracidad de los hechos denunciados y precisaron que algunos alumnos del centro son conflictivos. Las docentes se quejaron de que, durante el último mes y tras la baja de la maestra titular, la clase ha sufrido una 'fuerte desorganización', ya que otras bajas temporales en el mismo colegio han provocado 'falta de profesorado'. Por ello, el grupo de 2ºB ha estado durante algunos días disgregado en otras aulas.
Los padres de algunos de los integrantes de la clase afectada aseveraron ayer que nunca habían recibido ninguna protesta de sus hijos acerca de la tutora o de la profesora de apoyo que habitualmente cubría las bajas temporales de la titular.
El delegado de Educación Juan Alcaraz afirmó que tras las declaraciones pertinentes de padres, alumnos y de la profesora denunciada, decidirá si procede la apertura de un expediente sancionador para calibrar la gravedad de los acontecimientos, aunque dejó clara la presunción de inocencia de la docente.
Alcaraz no reveló la identidad de la profesora, ya que el proceso abierto es interno y reservado, por lo que si alguno de los implicados habla públicamente, 'el expediente podría ser invalidado'. Según un portavoz de educación, el procedimiento informativo se puede prolongar varias semanas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de junio de 2001