Una nueva sentencia judicial en contra del teatro Español, y por extensión contra su propietario, el Ayuntamiento de Madrid, por un despido improcedente ha encrespado los ánimos del grupo municipal socialista. Su concejal portavoz para asuntos de cultura, Rafael Merino, dijo ayer que, con esta nueva sentencia, 'sumada a la del actor Manuel Gallardo, son ya siete millones de pesetas los que tiene que pagar el Ayuntamiento, es decir, todos los madrileños, para satisfacer los caprichos de Gustavo Pérez Puig', director del Español.
La sentencia de 14 de febrero de 2001, emitida por el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid, considera nulo el despido de un oficial de peluquería que prestó sus servicios desde octubre de 1995 en este teatro 'cada vez que se estrenaba una obra'; la última, Cyrano de Bergerac. Sin embargo, cuando el peluquero cayó enfermo al término de las representaciones de Cyrano, en agosto de 2000, no se le volvió a llamar para el estreno, en octubre siguiente, de Don Juan Tenorio, 'llamando a todo el personal vinculado en situación similar, salvo a él', según cita la sentencia. El tribunal lo considera así un 'trabajador fijo discontinuo' y aduce que el 'despido obedece a motivos inconfesos de naturaleza discriminatoria'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de junio de 2001