El Consell Jurídic Consultiu, máximo órgano asesor en materia legislativa, remitió ayer a la Dirección de Universidades el dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Consejos Sociales, que ha abierto fuertes discrepancias entre el Consell y las universidades públicas valencianas que ven en la reforma de los órganos de participación social 'una excesiva vocación de control' y un afán ' intervencionista' por parte del Gobierno de Zaplana. El dictamen, según ha podido conocer EL PAÍS, no ha sido ajeno a estas consideraciones y emplaza a la Generalitat a introducir tres cambios 'esenciales' -respecto al órgano de control interno de la universidad, el nombramiento de los vocales y el presidente del consejo- además de sugerir diversas precisiones jurídicas al texto, entre las que pide 'mayor concreción' sobre las competencias económicas y presupuestarias que tendrán los nuevos consejos.
'El anteproyecto de ley es conforme al ordenamiento jurídico, siempre que se atiendan las observaciones esenciales formuladas en él', concluyen los magistrados, lo que en la práctica, condiciona la legalidad de todo el proyecto a la introducción de los tres cambios de calado propuestos. En primer lugar, los magistrados sostienen que el órgano de control interno de cuentas o de Intervención de la universidad 'no puede depender directamente del consejo social'. También discrepan sobre la nueva integración de los consejos porque la Administración no contabiliza como miembro designado por la parte social y política al presidente del consejo que es nombrado directamente por el presidente de la Generalitat, ya que de hacerlo superaría el límite de respresentación de tres quintos (18 miembros de 30) que fija la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Y, por útlimo, instan al Consell a puntualizar en la ley que 'la Consejería de Educación cubrirá las vacantes de los vocales de representación social que no hayan sido nombrados por las instituciones a los que representan en el plazo de tres meses, sólo de forma transitoria'.
La Administración ve con buenos ojos un dictamen que califica de 'netamente favorable'. Aunqque antes de tramitarlo en las Cortes admite que 'estudiará' los cambios esenciales, que, de entrada, chocan con el informe de los servicios jurídicos del Consell.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de junio de 2001