El alcalde de Torrelodones, Enrique Muñoz, del PP, decidió ayer que una de las educadoras de la escuela infantil municipal dejase de trabajar en ella. La razón es la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba que considera probado que esta mujer, ex directora de la escuela infantil, y otras dos educadoras insultaron, golpearon y vejaron a 12 niños (de entre 13 meses y tres años y medio) en repetidas ocasiones durante el curso escolar 1996-1997.
En el juicio de faltas se demostró que las tres mujeres obligaban a los críos a ingerir sus propios vómitos y, como castigo, les duchaban con agua fría frente a las ventanas, abiertas en pleno invierno. La directora fue relevada de su cargo, pero ha continuado de educadora en la misma escuela hasta ayer. Las implicadas se enfrentan a una condena de 72 fines de semana de arresto domiciliario más el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 100.000 pesetas por cada menor. La sentencia no es firme y las dos partes han recurrido.
Muñoz, que ya era alcalde cuando se produjeron los hechos, explicó ayer que mantuvieron como educadora a la ex directora del centro porque contra ella únicamente existía la denuncia de no haber evitado los malos tratos. 'Desde el Ayuntamiento creemos en la presunción de inocencia y en el derecho al honor de las personas, y hasta que nos ha llegado la sentencia, nadie nos comunicó nada contra ella', indicó Muñoz. El regidor destacó que los hechos tuvieron lugar hace cuatro años y que desde entonces no se ha producido ninguna irregularidad.
La madre de una de las niñas maltratadas explicó ayer que se encuentra 'muy afectada en el ámbito personal'. 'Pero me doy por satisfecha por mi hija y porque ya no podrán tocar a ningún niño', añadió. Esta familia comenzó a sospechar que ocurría algo cuando su hija, entonces de 15 meses, empezó a no dormir y a aborrecer la hora del baño, 'que antes le encantaba'. 'He pasado por momentos horribles, hasta me he tenido que salir del juicio llorando', relata. Su hija se ha recuperado 'después de recorrer tres clínicas y de estar en tratamiento con tres psicólogos'. Los hechos se conocieron cuando compañeras de las condenadas presentaron una denuncia ante el Ayuntamiento.
Los padres afectados critican, además, que la legislación actual no recoja estos hechos como delito, sino sólo como falta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de junio de 2001