La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, Juana Criado, comenzará hoy a tomar declaración a los cinco cargos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la capital querellados contra los que se instruye una querella por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento y contra la ordenación del territorio, por la recalificación de una zona verde pública en la zona de El Morlaco que fue vendida en parcelas y sobre que están ocupadas por los jardines privados de nueve chalés adosados.
Entre los beneficiados por esa ocupación de la zona verde se encuentra, curiosamente, el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, el también fiscal Ramón de Luna y la magistrada del TSJA Rosario Cardenal. La querella la puso hace un año Luis España, miembro de la junta de compensación de El Morlaco que en su día se opuso a la cesión de terrenos para una zona verde de uso público de 916 metros cuadrados. Los hechos se remontan a 1991. La zona verde fue parcelada y ocupada por los propietarios de las nueve viviendas, ubicadas en la urbanización El Rocío.
Una vez ocupadas, los propietarios pidieron que en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga para que recalificara la parcela como zona verde privada.
El proceso de recalificación, que en la querella se califica de 'aberrante legalización', culminó en marzo de 1999. El consistorio que entonces presidía la actual ministra de Sanidad, Celia Villalobos (PP), vendió el terreno a los propietarios de las nueve viviendas como 'parcela sobrante' a un precio de 12.493 pesetas el metro cuadrado. Pero según la querella, la parcela vendida como sobrante es muy superior, según los planos, a la recalificada en la revisión del PGOU aprobada en julio de 1997. Los propietarios alegaron en su día que desconocían que cuando ocuparon la zona verde desconocían que tenía calificación de pública.
Los querellados, que ocupan distintos cargos directivos en la GMU, son Amador López Ortega -que está citado hoy a declarar por la juez instrucción-; Javier Gutiérrez Sordo, Luis Manuel Navidad, Javier Larrañaga y Jesús María Espinosa. Los cuatro últimos han sido citados a declarar en días distintos hasta el próximo 31 de julio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de junio de 2001