En ocasiones, los trámites que realizan las mujeres embarazadas previos a la interrupción de la gestación sufren retrasos -en gran medida debidos a la tardanza en conocer los resultados de las amniocentésis-. Otras veces, la mujer sabe que entra dentro de los supuestos que marca la ley para despenalizar el aborto -violación, peligro para la madre y malformación- pasados los tres meses de embarazo. A partir de este momento, un aborto supone una operación de alto riesgo. Hasta hace meses, la Consejería de Sanidad no asistía directamente a estas mujeres y lo único que les podía ofrecer era sufragar los gastos que suponía el desplazamiento y la intervención en clínicas privadas de Madrid o Barcelona. Las clínicas acreditadas para abortar de la Comunidad no tenían equipamiento necesario para realizar estas opraciones, que requieren la presencia de un cirujano, un anestesista, una guardia en el centro, así como una unidad de cuidados intensivos. Quedaba la posibilidad de los centros públicos, donde sí hay equipamiento, pero no había personal dispuesto a realizarlas. Así era hasta hace poco tiempo.
Desde hace unos meses, la Consejería de Sanidad que dirige Serafín Castellano, ya ofrece este servicio a través de su red de hospitales públicos, un derecho asistencial de las mujeres valencianas, como apunta Ofelia Vila, responsable de la secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras. Las provincias de Valencia y Castellón ya asisten en hospitales públicos a las mujeres que entran dentro de los requisitos legales y desean interrumpir su embarazo pasados los primeros tres meses de gestación, como reconocieron a este diario fuentes de Sanidad. En Alicante, la clínica Acuario ha recibido recientemente el visto bueno de Sanidad, una vez comprobado que cuenta con el equipo médico preciso para hacer frente a estos tipos de intervenciones, por lo que en breve, según la consejería, se firmará un convenio con la clínica para que pueda recibir pacientes de la red pública de Alicante.
La falta de centros privados acreditados y la de personal dispuesto a practicar los abortos en los hospitales públicos provocó que en 2000, unas 300 valencianas tuvieran que ser atendidas fuera de la Comunidad.Vila se mostró ayer satisfecha de que ninguna mujer valenciana vuelva a pasar por la experiencia que atravesaron estas mujeres y que Sanidad cubra su atención en la Comunidad, una reclamación que, recordó, se arrastraba desde hacía años. La responsable de la mujer en Valencia, también animó a Sanidad a emprender campañas educativas destinadas a frenar los embarazos no deseados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de junio de 2001