Fue en 1982 cuando, después de un amplio consenso, se aprobó unánimemente la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Durante estos 19 años ha habido avances, sobre todo en educación y sanidad. Gracias a la integración escolar, tenemos hoy una generación de jóvenes que destacan por su talante y su preparación para la vida. Pero hay evidentes carencias en medidas sociales imputables no a la norma vigente, sino a la falta de recursos y de su implantación. Ahora, en lugar de velar por el cumplimiento de la ley actual, aplicando recursos económicos y técnicos que permitan su plena efectividad, parece que se está elaborando una nueva ley especial.
Quiero advertir del peligro de un retroceso segregador, pues vulneraría el principio de normalización legislativa y anularía el espíritu de la LISMI cuando, según el presidente de la comisión redactora, Ramon Trias Fargas: 'El objetivo, precisamente, es llegar a la situación en que las leyes especiales no hagan falta porque las personas afectadas estén integradas en un plano de igualdad absoluta en la legislación general aplicable a todos los españoles'.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de junio de 2001