El Consejo Escolar del Estado remitió el pasado viernes al Ministerio de Educación un severo dictamen sobre el anteproyecto de Ley de la Formación Profesional, que el Gobierno pretende tramitar en el Congreso de forma inminente, donde se cuestiona de principio a fin un proyecto que, en la práctica, abre la puerta a la privatización por la vía legal de este tramo formativo. 'Si la formación con financiación pública puede ser ofertada indistintamente por centros o directamente por empresas y, además, no se hace ninguna referencia a los requisitos mínimos que deben reunir dichas empresas, se está introduciendo un principio de tratamiento diferente respecto al que se exige a los centros', advierte el máximo órgano asesor en el dictamen al que ha tenido acceso este periódico.
Así, el Consejo, por un lado, busca introducir mecanismos jurídicos que corrijan la indefensión en que quedaría la Formación Profesional Específica reglada [integrada en el sistema educativo y única homologable a los títulos de la UE]; y, por otro, incorporar precisiones técnicas y jurídicas para frenar la consolidación de una red privada de centros y academias por parte de empresas, que son las que gestionan la Formación Ocupacional, y que se comen un bocado muy importante de los fondos estructurales de la UE.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de junio de 2001