Convergència i Unió intentó ayer romper su imagen de alianza con el Partido Popular y lo hizo votando a favor de algunas resoluciones de los grupos nacionalistas, pese al riesgo de provocar el enfado de los conservadores. CiU apoyó una proposición a favor del reconocimiento de la autodeterminación, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Eusko Alkartasuna (EA), y las de mayor calado político de las presentadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), entre las que destacaba una en defensa del acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas.
Las votaciones de ayer fueron un fiel reflejo de las directrices expuestas por el portavoz nacionalista catalán, Xavier Trias, en su discurso del martes: total coincidencia con la política económica y social del Gobierno, pero un suspenso en cuanto a reconocimiento de la plurinacionalidad de España.
CiU sumó sus votos a una proposición de ERC y EA en la que se pedía el reconocimiento del derecho de las 'naciones que integran el Estado español a decidir libremente su futuro como comunidad nacional propia'. No obstante, el portavoz adjunto de CiU, Manel Silva, precisó durante el debate que esa actitud no presupone un camino hacia la independencia. La iniciativa fue rechazada con los votos del PP y del PSOE.
Los nacionalistas catalanes también apoyaron a sus correligionarios vascos en la demanda de una nueva política de pacificación de Euskadi basada en la negociación 'entre todos los partidos con representación parlamentaria' y en la reorientación de la 'política penitenciaria', en alusión al acercamiento de los presos etarras al País Vasco.
Medidas para empresarios
En cuanto a política autonómica, Convergència i Unió obtuvo el apoyo del PP a una proposición a favor de la administración única en Cataluña, pero rechazó otra que pedía la publicación de las balanzas fiscales de las distintas comunidades autónomas. Los nacionalistas catalanes pactaron con el PP la mayoría de proposiciones referidas al apoyo a los pequeños empresarios, autónomos y a las familias.
En Barcelona, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, negó tener un 'pacto secreto' con el Gobierno e incluso rechazó que tenga la voluntad de llegar en un futuro a un 'acuerdo global' con el PP para asegurarse la estabilidad parlamentaria en Cataluña. Pujol, que se sometió a la sesión de control del último pleno del Parlamento catalán antes de las vacaciones estivales, respondió así a las acusaciones del presidente del grupo de IC-V, Rafael Ribó, de tener una actitud 'servil' respecto al PP por apoyarle en cuestiones como la actuación policial en la manifestación antiglobalización del pasado domingo en Barcelona.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de junio de 2001