El Tribunal Constitucional ha dado instrucciones a la Consejería de Justicia del Gobierno vasco para que suspenda el precepto que permite a sus funcionarios obtener permisos para visitar en horas de trabajo a sus familiares presos, entre ellos los de ETA.
La suspensión deriva de la admisión a trámite de un conflicto positivo de competencia entablado por el Ejecutivo central contra un acuerdo entre el Gobierno vasco y diversas organizaciones sindicales.
Según el artículo 161.2 de la Constitución, la impugnación del precepto produce de manera automática su suspensión, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo de cinco meses, que en este caso se debe contar a partir del pasado 8 de mayo.
Los permisos ahora suspendidos fueron introducidos en un acuerdo firmado el pasado año entre representantes sindicales y el departamento vasco de Justicia, a iniciativa del sindicato LAB, vinculado a la coalición abertzale Euskal Herritarrok.
La iniciativa, según la agencia Servimedia, es similar a otra del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), y permite a los funcionarios de la Consejería de Justicia visitar a familiares hasta segundo grado de consanguinidad que se encuentren en prisión. La prerrogativa implicaba que los funcionarios tenían derecho a desplazarse a los centros penitenciarios en horas de trabajo, cuando no tuvieran posibilidad de hacerlo en otro momento.
[La Audiencia Nacional condenó ayer a 10 años de prisión a Ibón Muñoa Arizmediarreta, ex concejal de HB de Éibar, por alojar en su domicilio a los etarras Irantxu Gallastegui, Javier García Gaztelu (citados en la sentencia como los etarras 'A' y 'C' ) y al ya fallecido José Luis Guereste Múgica, que secuestraron y asesinaron al concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.]
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de junio de 2001