IU dio ayer por hecho el acuerdo con el PP sobre la Ley del Suelo que se debatirá el 5 de julio en la Asamblea. Mientras, el PSOE mantiene su rechazo al proyecto. La desaparición de las entidades privadas con capacidad para conceder licencia de obras, la obligación de destinar el 0,5% del presupuesto regional a mantener y aumentar el patrimonio de suelo, y una mayor autonomía municipal han sido algunas razones que han llevado a IU a cambiar su posición.
La reunión de la ponencia de la Ley del Suelo -dos representantes de cada grupo- dejó ayer prácticamente resuelto el acuerdo entre PP e IU. Juan Ramón Sanz (IU) explicaba: 'Ante una ley como ésta no cabe la abstención. Y hoy podemos decir que estamos más cerca del sí que del no'. ¿Quiere esto decir que se ha llegado a un acuerdo? El representante de IU prefiere dejar la respuesta en el aire, aunque reconoce que el PP ha aceptado buena parte de sus reivindicaciones. El socialista Modesto Nolla, por el contrario, cree que no ha habido grandes cambios y que los registrados ayer no justifican el sí. De sus palabras puede deducirse que el PSOE no apoyará la ley, aunque él prefiere demorar una respuesta más clara.
El PP aceptó quitar del proyecto presentado por el Gobierno la figura de las entidades certificantes homologadas, que venía a suponer, según la oposición, la privatización de las licencias de obras. También asumió introducir en la ley la obligación de destinar el 0,5% de los presupuestos de la Comunidad a mantener el patrimonio de suelo. Para el PSOE, ésa es una cifra ridícula, frente a su reivindicación de que sea el 5% del capítulo de inversiones. Según Sanz, de IU, el 0,5% es mejor que nada; el diputado de IU calcula que, una vez transferidas las competencias de Sanidad, serán unos 10.000 millones los que la Comunidad destinará por ley a compra y mantenimiento de patrimonio de suelo.
Sanz valora como avance que el 10% del suelo quede a libre disposición municipal (los ayuntamientos podrán decidir sobre su destino), que el 50% como mínimo haya de dedicarse a vivienda protegida y que, de ese 50%, sólo el 25% como máximo pueda destinarse a vivienda de precio tasado. El otro 75% habrá de ser para viviendas de protección oficial y pública.
Pablo Morillo, del PP, recordó ayer que, en contra de la opinión de quienes tachaban la ley de contraria a la autonomía municipal, permite a los municipios participar en el planeamiento urbanístico. Luis Eduardo Cortés, consejero de Urbanismo, declaró: 'He hecho un esfuerzo evidente para aceptar todo lo que mejore la ley. He retirado lo que, con argumentos razonables, me han hecho ver que se podía aceptar'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de junio de 2001