El caso Isla Chica dio ayer un paso más. El abogado de la Plataforma Pro Isla Chica, Juan Torres, ha elevado de 46 a 53 los supuestos delitos cometidos por el Ayuntamiento de Huelva en la venta del suelo del estadio Colombino a la empresa inmobiliaria Odeinsa. Además, ese letrado ha elevado la denuncia a querella criminal por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos, fraude ilegal en la contratación pública, falsedad documental y delito contra la ordenación del territorio.
La querella va dirigida contra Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva (PP); Francisco Moro, portavoz municipal del PP; Enrique Pérez Vigueras, presidente de la sociedad municipal Huelva Deporte; José Zamorano, gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y Michael Dumois León, gerente de Huelva Deporte. Los querellantes, cuatro vecinos de la barriada de Isla Chica, podrán participar a través de su abogado, entre otras cosas, en los interrogatorios de los testigos e intervenir en todas las diligencias que se practiquen. El caso está en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, José Manuel Balerdi Múgica.
Por su parte, el secretario provincial del PSOE de Huelva, Javier Barrero, se refirió ayer al caso Isla Chica. Barrero recordó al presidente provincial del PP de Huelva, Francisco Pérez, que 'al juzgado no ha acudido el PSOE, sino los propios vecinos de la barriada Isla Chica'.
El máximo responsable de los socialistas onubenses ofreció al PP diálogo sobre el futuro de Isla Chica, uno de los distritos con mayor densidad de población de Huelva. 'Tener más verde en la ciudad debe ser objeto de diálogo. En esa posición debe estar enfocado el tema de Isla Chica', señaló.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de junio de 2001