El PP se quedó solo en la aprobación de la modificación al Plan Especial de Renfe, que ha estado paralizado tres años desde que en octubre de 1998 obtuvo el primer visto bueno.
IU votó en contra y el PSOE se abstuvo. Los dos grupos de la oposición se reservaron su voto en la comisión de Urbanismo del pasado lunes, pero la visita el jueves a Málaga del secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, no les animó a apoyar el plan. Blanco entregó el estudio informativo del último tramo del AVE, que no considera la opción del soterramiento, y condicionó éste a que pueda financiarse con los aprovechamientos urbanísticos que se obtuvieran. La oposición recordó que el Plan Especial de Renfe pudo aprobarse en 1998 porque se vinculó a la firma de un convenio para soterrar las vías. Para el portavoz de IU, Rafael Rodríguez, se ha demostrado que 'la mentira tiene las patas muy cortas' y que el alcalde 'ha incumplido un acuerdo de pleno'.
Pese a la existencia de dicho acuerdo, el concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, aseguró que hablar entonces de soterramiento 'era un brindis al sol' y que éste es el momento idóneo de hacerlo, cuando se va a definir el trazado del AVE. Ramos se mostró convencido de que no habrá necesidad de financiar el proyecto con las plusvalías y anunció que Ayuntamiento, Junta y Fomento llegarán a un acuerdo para pagar los 20.000 millones que puede costar. El portavoz socialista, Francisco Oliva, aseguró que los terrenos que ocupan las vías fueron cedidos en su día por la ciudad y que 'es terrible que ahora que ya lo han explotado quieran obtener plusvalías'.
El Plan Renfe prevé un conjunto de inversiones en torno a 12.000 millones de pesetas en una nueva estación, un centro de ocio y distinto equipamiento público.
En otro orden de cosas, el PP vetó la constitución de una comisión de investigación, como pedía la oposición, sobre las irregularidades detectadas en los pagos a las empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento de zonas verdes, pese a que la propia concejal de Medio Ambiente, Carlona España, ha admitido que existen errores y va a contratar a una consultora externa para que revise todas las certificaciones desde hace un año. El socialista Francisco Triguero apeló a la necesidad de un 'control democrático porque las irregularidades son graves y pueden ser la punta de un iceberg'; mientras que Rodríguez advirtió al PP de que si cierra todas las puertas para aclarar el asunto sólo quedará abierta la de los juzgados. El portavoz de IU, para quien sólo la rescisión del contrato con las empresas garantiza credibilidad al Ayuntamiento, fue severo: 'Alguien ha estado cobrando del Ayuntamiento dinero que no le corresponde'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de junio de 2001