Intentando evitar la lógica indignación, deberíamos analizar las declaraciones del delegado del Gobierno a propósito del crimen de Pozuelo. Nos daremos cuenta de que es un firme defensor del liberalismo y de las bondades de la economía de mercado y que le repele la existencia de cualquier tipo de servicio público. Sólo así se puede entender que conmine a los ciudadanos a contratar servicios privados de seguridad, que el objetivo del déficit cero es lo más importante y se les pueden desbocar los presupuestos.
Debemos entender que este servicio sólo es necesario en casos gravísimos como pueden ser las celebraciones de títulos deportivos, donde se realiza un gran despliegue para evitar que los hinchas provoquen algún destrozo en el mobiliario urbano y otros objetos de titularidad pública, o en algunos casos de protestas vecinales, reprimiendo contundentemente las manifestaciones de vecinos de la colonia Santa Eugenia, de Madrid.
De todas formas pienso que se están quedando cortos, nada mejor que provocar que en un colegio público los críos terminen su etapa escolar sin saber leer ni escribir para convencernos de las bondades de la educación privada. Aun más, a la vista de determinadas sentencias judiciales, ¿por qué no nos proponen contratar directamente a los jueces?, de esta forma el PP podría solventar el problema Piqué y el tema Liaño de un solo golpe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de julio de 2001