¿Qué pasaría si la ministra de Educación anunciara su intención de acompañar al rector de una universidad acusado de prevaricación hasta la misma puerta del tribunal donde va a ser juzgado, como medida de presión para forzar una sentencia absolutoria?, ¿qué calificativo aplicaríamos a un colectivo poco numeroso, pero de gran peso social, cuyos miembros acuden ostentosamente y con publicidad a la sala del juicio cuando uno de los suyos debe responder por un presunto delito de prevaricación cometido contra un subordinado?, ¿se puede considerar que defienden un Estado de derecho un grupo de ciudadanos ilustres, juristas algunos de ellos, cuando se atribuye el poder de exigir a un juez que no aplique la ley -o que la aplique sólo en un sentido, que es lo mismo- y, por tanto, cometa prevaricación?, ¿qué harán todos ellos si se salen con la suya y la otra parte, como parecería lógico, recurre contra la sentencia?, ¿y en caso contrario?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2001